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TEMAS DE LA SEMANA

Borda: piden la indagatoria de Chaín y del jefe de la Metropolitana

Así lo dispuso el juez  Jorge Adolfo López, a cargo del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional Nº 30. También citó a un integrante de la fuerza de seguridad.

 

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De esta forma, el magistrado imputa al Ministro porteño de Desarrollo Urbano, al titular de la PM, Horacio Giménez; y al comisionado Martín Jorge Roth, acusado de disparar contra civiles durante la represión policial que tuvo lugar en el hospital neuropsiquiátricpo el pasado 26 de abril.

Según destacada en su edición de hoy el diario Página 12, el juez imputa a los tres por los delitos de abuso de autoridad, requerimiento ilegal de la fuerza pública y desobediencia a una orden judicial.

Aquella represión sucedió en el contexto del plan del Gobierno de la Ciudad para mudar a la zona de Barracas la administración porteña. Este plan, la creación de un nuevo Centro Cívico en el sur capitalino, estaba prevista para marzo de 2014 antes de que concluya el segundo mandato del PRO, con una inversión de 369 millones de pesos.

Las obras estaban previstas en inmediaciones a un predio que perteneció al Hospital Borda (actualmente el taller protegido 19). Sin embargo, esta iniciativa tuvo la resistencia de legisladores de la oposición y profesionales del neuropsiquiátrico, quienes argumentaron que “suponía un ataque al sistema de resocialización de los internos” y se trataba, en definitiva, de un presunto negocio inmobiliario. Es por ello que interpusieron un recurso de amparo ante el fuero en lo contencioso administrativo porteño.

La justicia dispuso frenar las obras, aunque en el mes de febrero se levantó la cautelar, que fue apelada por legisladores y profesionales. Es así que se llega al 26 de abril, cuando la administración del PRO decide comenzar los trabajos en el predio del taller protegido con la custodia de la Policía Metropolitana y, ante la protesta de los empleados, tuvo lugar la represión que derivó en 50 personas heridas, entre ellos cuatro pacientes, y ocho trabajadores procesados.

Luego de los incidentes, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo informó que la medida cautelar que frenaba las obras estaba vigente e intimó a la Ciudad a no proseguir con los trabajos hasta que la apelación fuera resuelta, situación que se mantiene hasta hoy.

Según consigna el matutino, luego de librar las órdenes, el juez López giró el expediente al fiscal Eduardo Cubría, quien interviene en la causa. López es el mismo juez que en un expediente paralelo, derivado de los mismos hechos, tomó indagatoria a cinco trabajadores a los que acusa de resistencia a la autoridad.

Los mencionados trabajadores, que el martes pasado realizaron una protesta, son Cristina Díaz Além, delegada de la Junta Interna del Garrahan; Susana Bejarano, enfermera del Hospital. Borda; Carina Maloberti, miembro del consejo directivo nacional de ATE; Belén Revollo, fotógrafa de En Movimiento TV, y Horacio Melnic, trabajador de Talleres Protegidos.

En dicho acto, el secretario general de ATE Capital, José Luis Matassa, cerró el acto planteando que: “(el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad) Guillermo Montenegro debe renunciar, el Taller Protegido 19 debe ser reconstruido  y no debe haber ningún negocio inmobiliario en los terrenos de los hospitales públicos”.

Fuente Redacción Z
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