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Borda: el gobierno porteño no podrá ser querellante en la causa

La Justicia rechazó el rol de «querellante» del gobierno porteño en la causa en la que se investigan el violento desalojo del Taller Protegido número 19, dependiente del Hospital Borda, ocurrido el pasado 26 de abril, en el que resultaron heridos médicos, pacientes, legisladores, periodistas y policías metropolitanos. 

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borda_metropolitana Télam, Buenos Aires 26/04/2013: Se registaron graves incidentes este mediodía en el Hospital Borda entre trabajadores de ese centro de salud y personal de la Policía Metropolitana, que comenzaron a demoler el Taller Protegido 19. Foto: Daniel Dabove/Télam/lz

La Justicia rechazó el rol de «querellante» del gobierno porteño en la causa en la que se investigan el violento desalojo del Taller Protegido número 19, dependiente del Hospital Borda, ocurrido el pasado 26 de abril, en el que resultaron heridos médicos, pacientes, legisladores, periodistas y policías metropolitanos.

La Cámara del Crimen desestimó el planteo del titular de la Dirección General de Asuntos Penales de la Procuración General de la Ciudad, Francisco D’Albora, quien había pedido que el gobierno porteño fuera «tenido por parte querellante».

El fallo, al que tuvo acceso DyN, señala que los hechos ocurrieron «en circunstancias en que personal de la Policí­a Metropolitana prestaba colaboración a fin de que pudiera ejecutarse en dicho predio la ‘Construcción de los Edificios del Nuevo Distrito Gubernamental’, un grupo de personas reaccionó fí­sicamente contra los uniformados».

En ese contexto, policías metropolitanos sufrieron «distintos tipos de lesiones, y a su vez habrí­an dañado tanto los elementos de protección que portaban estos últimos, como los cercos perimetrales de la obra».

Pero al mismo tiempo, destacaron los camaristas Carlos González, Mariano González Palazzo y Alberto Seijas, «con motivo del accionar policial también habrí­an resultado heridos pacientes, médicos y enfermeros del nosocomio de mención, así­ como periodistas, legisladores y agentes gremiales».

Ello derivó en dos causas en las que «resultan imputados miembros de la Policí­a Metropolitana y funcionarios del gobierno de la Ciudad, tales como el jefe de Gobierno Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Horacio Rodrí­guez Larreta, el ministro de Seguridad Guillermo Montenegro y el ministro de Desarrollo Urbano Daniel Chain, en orden a los delitos de daño agravado, lesiones, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona».

Si bien el juez de instrucción Jorge Adolfo López resolvió tramitar las causas por separado, la Cámara consideró «la evidente relación entre los legajos pues las conductas a dilucidar se ubican en un mismo contexto. Es innegable que todas confluyen en el suceso que tuvo lugar el pasado 26 de abril».

Ante ese escenario, la pretensión del representante de la procuración porteña «de actuar en el proceso en representación del Gobierno de la Ciudad no puede prosperar pues acceder a ello instaurarí­a en la pesquisa del evento una incompatible asunción de roles antagónicos, como es la de ser los funcionarios públicos imputados y a la vez acusadores».

El fallo destaca que la investigación sobre lo sucedido en los Talleres Protegidos se encuentra aún en «estado embrionario».

dz/lr

 

 

Fuente Redacción Z
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