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Actualizado: 20/09/2016 09:27:39
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Bajo Flores: vence el plazo para que los usurpadores dejen el lugar

El juez Armella dio plazo hasta hoy para que se retiren de las 204 viviendas en el Bajo Flores.

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Los disturbios con el cerco de la Policía Metropolitana se iniciaron cuando familiares y amigos intentaron acercar víveres a los ocupantes.

Como resultado de las mismos un efectivo resultó afectado por un piedrazo, pero posteriormente la situación volvió a la calma.

Los 204 departamentos están destinados a albergar a 128 familias del asentamiento «El Pueblito» que viven en las márgenes del Riachuelo, como parte del programa de saneamiento de esa cuenca que ordenó la Corte Suprema de Justicia.

Al respecto, el jueves, el ministro de Justicia, Julio Alak, aseguró que el desalojo de las familias que desde el fin de semana ocupan las viviendas compete a la ciudad de Buenos Aires.

En la tarde del jueves, en una conferencia de prensa, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, afirmó que «no hay promesas para la gente que tomó las viviendas» y que el gobierno que conduce «no va a dar beneficios a aquéllos que violen la ley», porque «no es justo» para quienes sí la respetan.

La Corte designó al juez Luis Armella para verificar el cumplimiento de ese plan elaborado en forma conjunta entre la Nación, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, canalizadas en la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUNAR).

La Corporación Buenos Aires Sur había contratado a agentes de la Policía Federal para custodiar el predio ocupado, por lo que en un escrito presentado ante el magistrado, el Ministerio de Seguridad afirma que esta circunstancia «no implica que la Federal haya actuado de oficio ejerciendo competencias propias».

«Al contrario -destaca el escrito- implica que el sujeto que contrató los servicios se creía en la obligación de asegurar la custodia del lugar», por lo que la vigilancia es «un acto propio de la Ciudad de Buenos Aires que se consideró en la obligación de asegurar la custodia del complejo para mantenerlo libre de intrusiones».

Los ocupantes, en su mayoría mujeres embarazadas o con niños pequeños expresaron que se sentían «estafados por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad que los había inscripto en planes para obtener una casa» y que no fueron cumplidos.

«Queremos que nos den la vivienda, nada más. Mi nieta hace dos años que anda rondando con sus dos hijos», dijo una mujer quien estimó que «en el predio hay alrededor de 140 familias y unas 40 criaturas sin agua y sin luz, porque cortaron los servicios».

No obstante, autoridades de la Capital aseguraron que en el complejo sólo hay entre 75 y 95 personas.

DZ/sc

Fuente Redacción Z
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