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Bajo Flores: Macri intimado por el juez a brindar un solución

Lo intimó a censar a los ocupantes y elaborar una ‘eventual solución’ para una evacuación ‘pacifica’

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El juez federal de Quilmes Luis Armella amplió ayer las órdenes de desalojo de viviendas en el predio destinado a reubicar a pobladores de la cuenca Matanza Riachuelo, al detectar nuevas ocupaciones, e intimó a la Ciudad a censar a los ocupantes y elaborar una «eventual solución» para una evacuación «pacífica».

Armella emitió una resolución donde le recordó al gobierno de la Ciudad que también está condenado en la causa y que el jefe de Gobierno Mauricio Macri «tiene el deber» de ejercer «los mandatos» dados por la «ciudadanía a través del voto democrático».

«Cualquier omisión o ejercicio insuficiente en pos de sus gobernados -como lo es en el caso en tratamiento- constituyen una acción desaprensiva, temeraria y antijurídica a la luz de esta instancia judicial».

El juez recordó que «dichas responsabilidades necesariamente deben ser cumplidas obligatoriamente y no pueden ser entendidas como una mera facultad legal».

También extendió la responsabilidad a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad en base a la «búsqueda del bien común y que en el caso tiene como meta revertir la catástrofe ambiental que afecta a la salubridad de toda la población» de la margen noreste del Matanza Riachuelo.

Además requirió que la Policía Metropolitana informe oficialmente si está o no en condiciones de desalojar el lugar y con cuántos efectivos cuenta en el predio, según la resolución emitida hoy.

«En virtud del nuevo hecho de intrusión acaecido, la orden de desalojo y preservación del predio ordenada y su comprobado incumplimiento; y sin perjuicio de las responsabilidades de las demás autoridades intervinientes, corresponde también requerir se informe la situación actual de medios y posibilidad de ejecución que posee la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», resolvió el magistrado.

Por ello «deberá especificarse con cuántos hombres cuenta esa dotación debiéndose especificar aquellos que pertenecen a la dotación de Infantería, qué cantidad de móviles -de todo tipo- poseen, si alguno de los funcionarios provienen de otra fuerza de seguridad, y en su caso de cuál, la formación y especialización de los funcionarios».

En cuanto al desalojo «habida cuenta la responsabilidad social primaria que pesa sobre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto al territorio y las personas que actualmente se encuentran ocupando el complejo habitacional supra indicado, y sin perjuicio de las órdenes ya impartidas por esta judicatura, resulta a esta altura imprescindible contar con un censo de dichas personas».

Para esto «se deberá realizar un relevamiento y análisis de la situación personal de cada uno de ellos, así como una eventual solución para una evacuación pacifica, debiendo esto concretarse en un plan ampliatorio al ya ordenado en autos», agregó.

En la resolución se intimó a las autoridades de la Ciudad y nacionales a informar en 24 horas los motivos de la nueva intrusión en las viviendas, cómo estaban custodiadas y qué se hizo al respecto.

DZ/sc

Fuente Redacción Z
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