La Cámara en lo Penal y Contravencional de la Capital Federal ratificó el Protocolo Antipiquetes y dijo que ya rige en la Ciudad. Lo hizo tras el fallo de la jueza Graciela Dalmas, que había hecho lugar de manera parcial al «habeas corpus preventivo» presentado por ATE y la Defensoría de la Ciudad en contra del protocolo.

El lunes, en la presentación de sus «compromisos» , el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta había dicho que se encontraba en estudio,

El Ministerio Público de la Defensa había acompañado un pedido de hábeas corpus de Bruno Martínez, dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado en la Ciudad. La jueza Graciela Dalmas hizo lugar al recurso el  martes y resolvió que el Ministerio de Seguridad tenía que garantizar tres medidas durante el paro del 24 de febrero.

“Que las fuerzas de seguridad no porten armas de fuego, ni utilicen balas de goma contra la manifestación”.

Que “en caso de realizar alguna aprehensión en el marco de la movilización, deberán actuar sólo con autorización del Ministerio Público Fiscal correspondiente, con la intervención de un magistrado de la Ciudad, que deberá dar intervención a la Defensoría Oficial que corresponda”.

“Identificar a una persona civil responsable políticamente del operativo, y que esa persona garantice la seguridad de los manifestantes y lleve adelante las negociaciones”.

Bruno Martínez pidió un habeas corpus preventivo porque a su juicio el nuevo protocolo ponía en peligro su libertad ambulatoria –podía ir preso-  durante el paro de  ATE. Martínez afirma que el nuevo protocolo “avanza inconstitucionalmente sobre competencias locales no delegadas al Gobierno Federal, y que, en segundo lugar, de acuerdo a la Constitución y legislación vigente de la Ciudad, limita ilegítimamente el derecho a la protesta, a la libertad de expresión y a la huelga”.

OV