La discusión acerca de la negativa de aceptar la transferencia del Subte por parte del ingeniero Macri y los inve­rosímiles incrementos en el Impuesto Inmobiliario – ABL- , le dan vigencia y actualidad a la discusión sobre la po­lítica fiscal de la Ciudad.

La fenome­nal ampliación de los recursos como consecuencia de la expansión ininte­rrumpida de la actividad económica, a la que se suman una política de liquidación de activos públicos y un incremento más que proporcional de la deuda nominada en dólares, ge­nera una importante disponibilidad de fuentes financieras en la Ciudad. Esta condición posibilita planificar un verdadero shock de inversión pública en áreas estratégicas. La participación del Poder Legislativo y con los Conse­jos Comunales es clave en ese diseño. Pero para ello estos poderes deben contar con la información precisa acerca de la situación presupuestaria. En enero de 2012 se hizo efectiva la colocación de la Serie Nº 9 de los Bo­nos Tango por U$S 415 millones.

La autorización estaba vigente por Ley Nº 3894 y su modificatoria Nº 4037, por U$S 300 millones para la renovación de vencimientos de la deuda, más U$S 200 millones para in­versiones en infraestructura a realizar­se bajo la órbita de varios Ministerios.

En la información que surge de la Ley de Presupuesto, esos U$S 415 millones no figuran como fuente de financiamiento, ni en forma gene­ral para pagar amortizaciones de la Deuda Pública, ni en forma específica para obras de infraestructura. De esta forma, por lo tanto, hay fuentes de financiamiento adicional por $1.800 millones, aproximadamente.

En algún momento de los próxi­mos meses el Ejecutivo deberá enviar un proyecto de ampliación presupues­taria que incorpore los aumentos sa­lariales, el incremento en el valor de algunos contratos de servicios públi­cos, la mayor recaudación por sobre lo previsto, y los recursos obtenidos por la colocación de la Serie Nº 9 de los Bonos Tango. Ante la pregunta el Eje­cutivo responde de manera imprecisa que estos fondos ya están asignados, en franca contradicción con el detalle presupuestario. Quizás estén respon­diendo que se asignarán esos recursos a los fines específicos que plantea la autorización legislativa. Pero la situa­ción no cambia: esa operatoria libera­ría el financiamiento que ya tiene ese gasto, por un monto igual.

La inquietud es: cuánto de ese recurso financiará el Gasto Corriente con destino a proveedores, cuánto irá a parar a nuevas obras de infraestruc­tura y quién definirá las prioridades?

DZ/km