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Actualizado: 20/09/2016 09:27:39
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Apelarán el fallo que autoriza a la policía a pedir DNI en la calle

Desde el Ministerio Público de Defensa creen que el fallo del Tribunal Superior de la Ciudad retrocede años y apelarán la sentencia.

 

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El Ministerio Público de Defensa porteño apelará el fallo del Tribunal Superior de Justicia que autoriza a la policía a pedir DNI en la calle.  «Retrocedemos a épocas que creíamos superadas. Es volver a dar poder a la policía ‘por razones de seguridad’. Hubo épocas en el país donde se hacían campañas publicitarias que decían que un soldado te podía pedir el DNI y si eras una persona de bien, no tenías que tener miedo. Era para luchar ‘contra el enemigo'», opinó Luis Duacastella, defensor adjunto en lo Penal, Contravencional y de Faltas del MPD.

El defensor recordó que la Argentina fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la irregular práctica de «averiguación de antecedentes». La condena internacional llegó después de la muerte de Walter Bulacio, un joven de 17 años asesinado a golpes en una comisaría de la Policía Federal a donde lo habían llevado por averiguación de antecedentes.

«A partir de ese fallo, el Estado asumió un compromiso internacional. En Argentina no hay obligación de circular con el DNI, porque el no tenerlo, no puede ser razón para ir a una comisaría detenido», resaltó el defensor. Duacastella confirmó que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (Tsjcba) aún no les notificó la sentencia que, según el funcionario, «hizo pública antes de que la conozcamos». Una vez que eso ocurra, el Ministerio tiene diez días para apelar.

«Estamos preparando el recurso de apelación para presentar ante el Tsjcba, que puede rechazarlo, y si eso ocurre, llegaremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es un caso constitucional, debería admitir el recurso», confirmó el abogado. Además, el Ministerio Público opinó que el fallo se hizo público un momento «inoportuno», cuando se hacía el traspaso de las fuerzas de seguridad federales y de la justicia penal al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

La llamada «averiguación de antecedentes» surgió a partir de un decreto, el 14 de enero de 1958, firmado por el presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu. Hasta 1991 que se reformó la legislación, hubo marchas y contramarchas sobre el poder policial para pedir documentos y detener a una persona que nos los tenía consigo. La Ley Orgánica de la Policía Federal Argentina estableció que esa fuerza «no podrá en más detener personas sin orden de juez competente».

Con su decisión, el máximo tribunal porteño revocó tanto el fallo del juez de primera instancia como el de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, que había considerado ilegal la detención de un hombre, por parte de un agente de la Policía Federal, en la estación de trenes de Constitución, para la identificación documental sin razón alguna.

Conocida la decisión, organizaciones de derechos humanos, activistas sociales, sindicatos y ahora el Ministerio Público de la Defensa, cuestionaron la medida.

 

DZ/ah

Fuente Télam
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