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TEMAS DE LA SEMANA

Apagones: fallas del sistema en la Ciudad de la Furia

Los cortes de luz disminuyeron pero nadie sabe qué pasará cuando el calor apriete de nuevo. Las empresas dicen que no invierten en mantenimiento porque las tarifas están congeladas. Pero declararon ganancias por casi 2 mil millones en 2013.

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La auténtica ciudad de la furia. Los últimos días del año fueron real­mente caóticos para Buenos Aries. Una extendida ola de calor convirtió a la ciudad en un horno y los cortes de luz que afectaron a gran parte de los ba­rrios la pasaron del horno al infier­no y no hicieron más que avivar la llama de la impotencia.

Cientos de cortes de calle, protestas acaloradas, comercian­tes con pérdidas millonarias, es­craches. Un caos que fue pronun­ciándose con el correr de las horas y que llevó al gobierno porteño a declarar la “emergencia eléctrica” en la Ciudad. Un despliegue de asistencia mínima para la pobla­ción afectada, como un paliativo ante las temperaturas extremas.

Frente a este panorama, con media Buenos Aires a oscuras, re­sulta difícil tratar de desentrañar con paciencia por qué se llega a esta situación cada vez que se pro­ducen picos de demanda. El con­sumo, según la Compañía Admi­nistradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A(Cammesa), rompió todas las marcas récords de la se­rie histórica, tanto para días de semana como para fines de se­mana. El gobierno nacional -res­ponsable de la generación eléctri­ca- asegura que el sistema cumple con la demanda y que opera con margen. Sin embargo, esta afir­mación poco interesa a quienes padecen cortes continuos de elec­tricidad y cuyo reclamo es concre­to ante la concatenación de tras­tornos que provoca la ausencia de un servicio básico como la luz.

En el último año, el consumo energético creció 2,4% y acumu­la un crecimiento de más del 80% desde el 2003, según el Ministe­rio de Planificación. La mayor con­centración de demanda se produ­ce en el área metropolitana. En conjunto, Buenos Aires y el co­nurbano consumen el 36,5% de la energía del país. Justamente en esta área fue don­de se registraron los mayores incon­venientes, que de­jaron a más de un millón de perso­nas sin luz. Y tam­bién donde persiste un modelo de gestión (control sobre un sistema privatizado) en la distribución que ahora es puesto en duda por las autoridades.

¿Por qué se corta la electri­cidad? Según documentos de la Secretaría de Energía, la Argenti­na se abastece principalmente de energía térmica (60%), hidráuli­ca (35%) y en menor medida nu­clear (3,22%), eólica (0,52%) y solar (0,03%). El ministro de Pla­nificación, Julio De Vido, ha di­cho en reiteradas ocasiones que es­tas fuentes permi­ten cubrir una demanda histórica, que tiene picos cuando se regis­tran temperaturas extremas.

 El gobierno apunta ahora contra las distribuidoras. Es de­cir, contra Edenor, que opera so­bre la zona norte de la Ciudad y el Conurbano, y Edesur, que hace lo propio en el sur.

Como si se tratara de peque­ñas ampollas que van creciendo y empeorando a medida que pasan los años, prácticamente todos los esquemas de privatizaciones que surgieron en los 90 fueron esta­llando. Algunos de manera abrup­ta (como los trenes, con un acci­dente en Once donde murieron 51 personas) y otros de manera lenta pero sostenida, como el caso energético. Edenor y Edesur se repartieron el negocio de la distribución eléctrica durante la déca­da del 90 con un contrato que les garantizaba una ta­rifa atada a la variación del dólar. El 18% de los traba­jadores de Segba fue des­pedido y gran parte de las tareas de mantenimiento y reparación están terceriza­das en pequeñas empresas que trabajan con personal ultra precarizado.

Con el estallido social de 2001 y el dictado de la Ley de Emergencia Económica en 2002, el esquema de negocios de ambas empresas comenzó a en­trar un período de redefinicio­nes cruciales. La más importan­te fue la suspensión de la cláusula de ajustes tarifarios atados al dó­lar y el congelamiento de la tarifa. El complemento ofrecido (y soste­nido en el tiempo) fue la compen­sación a través de subsidios, que funcionaron como retén de futu­ros aumentos.

Sin embargo, desde entonces las empresas comenzaron a pre­sionar para conseguir ajustes tarifa­rios. La explicación era que, en las condiciones planteadas, les era im­posible avanzar en obras de moder­nización, mantenimiento y amplia­ción de las redes de distribución.

Es decir, vetada la posibilidad de aumentar, las compañías no in­virtieron en paralelo al crecimien­to económico, en un contexto de escaso control estatal que dejó al descubierto una pata esencial del sistema: la distribución.

“Las deficiencias de genera­ción han ido siendo corregidas con inversiones en centrales im­portantes, en paralelo con nume­rosas centrales pequeñas, com­pradas llave en mano a China. Este no es el modo más eficien­te, pero asegura la provisión. La infraestructura de distribución en las ciudades, por otro lado, requie­re una revisión y readecuación in­tegral. La política de privatizacio­nes de los 90 fue tan desprolija que en algunos casos ni siquiera se cuenta con planos de los siste­mas, que quedaron en poder de oficinas estatales que luego los destruyeron”, explica a Diario Z Enrique Martínez, ingeniero y ex director del Instituto de Tecnolo­gía Industrial (INTI).

Para el especialista, no está cla­ro que el problema de fondo sea una cuestión de tarifas porque “las empresas reciben subsidios que complementan, en un esque­ma poco transparente, que com­plica aún más el escenario. Edesur y Edenor, al igual que los conce­sionarios ferroviarios o en su mo­mento Aguas Argentinas, son em­presas organizadas alrededor del lucro, meta estructuralmente in­compatible con la prestación de un servicio público eficiente, cualquie­ra sea la condición de la demanda. El sistema de concesiones debe ser eliminado de cuajo”, agrega.

Las empresas

Edenor está en manos de Pam­pa Holding (ex Grupo Dolphin)  desde 2005, aunque su partici­pación en el escenario energéti­co no se reduce a esa sola com­pañía, sino que tiene acciones en empresas de generación con cen­trales hidroeléctricas Los Nihuiles y Diamante, con centrales térmi­cas Güemes, Piedra Buena y Loma de la Lata.

En tanto, Edesur está contro­lada por el Estado italiano a tra­vés del Ente Nacional de Energía Eléctrica (Enel). Esta empresa es­tatal registró durante 2012 ingre­sos por 84.889 millones de euros. En la Argentina, Enel esta asocia­da con un grupo de inversores de prosapia agrupados en la Socie­dad Argentina de Energía (Sade­sa). Esta compañía posee el 27% de las acciones y está integra­da por Miguens-Bemberg, Esca­sany, Reca, Caputo, Casas y Mal­brán. A principios de este año, le compraron la participación accio­naria a Petrobras por 35 millones de dólares.

Desde la estatización de las AFJP en 2008, el go­bierno nacional tiene representación en el directorio de Edenor. Allí posee 5 directo­res de 12 que, si bien no pueden imponer decisiones, actúan como contro­ladores de la eléctrica: siguen sus números y están al tanto de to­das sus operaciones técnicas. En Edesur, en cambio, el Estado no tiene representación accionaria, pero desde hace un año y medio colocó un veedor (Luis Barletta), luego de que la empresa incum­pliera con un pago a Cammesa por compra de energía. Esta cua­si intervención implica que Bar­letta debe “fiscalizar y controlar todos los actos de administración habitual”.

Aunque trataron de minimi­zar la situación (“se trata de pro­blemas individuales”, dijo la voce­ra de Edesur, Alejandra Martínez, mientras cientos de miles de per­sonas se alumbraban con velas), las compañías aprovecharon para volver a la carga y pusieron sobre el tapete la supuesta necesidad de un aumento del precio de la electricidad. Las expectativas del mercado entusiasmaron a los em­presarios. Las acciones de ambas empresas, que cotizan en Nue­va York, venían registrando subas generalizadas.

Pero el resultado financie­ro no sustentaría el argumento de los necesarios ajustes tarifa­rios. Entre enero y septiembre de 2012, Edesur registró ganancias por $1124 millones. El desempe­ño de Edenor fue, en cambio, un poco más discreto: al mismo mes de este año, sumó ganancias por $792 millones. Es decir, en con­junto recolectaron $1916 millo­nes. Aunque en 2010 y 2011 Ede­nor tuvo resultados negativos, la empresa rescató en sus cierres contables el mantenimiento de “un perfil de deuda bien equili­brado” y el fortalecimiento de su “estructura de capital”.

Este marco financiero y los ru­mores de una quita de subsidios acompañada de un aumento de las tarifas, generó un buen clima de negocios para ambas compa­ñías. En septiembre, luego de un incremento récord del 26% de las acciones de Edenor en Nueva York, la consultora Deplhos ase­guraba que “en un mercado op­timista (…) los primeros avances son experimentados por las com­pañías con mejores fundamentos, luego el apetito por el riesgo cre­ce y las empresas más débiles empiezan a sentir optimismo. De cara a octubre, las fir­mas de energía y ser­vicios deberían ser las más beneficiadas, al mismo tiempo también las más riesgosas”. Los rumores sobre una posible revisión de las tarifas mar­caban el ritmo alcista, que solo fue interrumpido con la amenaza del gobierno nacional de una po­sible estatización de ambas com­pañías, algo que hizo desplomar las acciones bursátiles.

En este complejo contexto, con negocios poco claros, escaso o nulo control y lobby empresa­rial, de poco sirven las peticiones al voluntarismo ciudadano. Como señala Martínez ante la pregun­ta de Diario Z sobre qué impacto tiene la apelación a no excederse con el uso del aire acondicionado: “En condiciones de colapso del sistema, las apelaciones individua­les pierden todo efecto. La lógi­ca debe ser recuperar una mínima credibilidad en la administración y luego aumentar la participación de la comunidad, en tres planos: aumento de la conciencia del uso responsable; control operativo; rediseño de las formas de genera­ción, aumentando sustancialmen­te la generación distribuida a par­tir de fuentes renovables”.

DZ/rg

Fuente Redacción Z
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