La decisión se explica en la necesidad de despejar el camino hacia una resolución de la controversia legal generada por el incremento de las tarifas de ambos servicios en febrero y abril, respectivamente, y la consecuente serie de recursos judiciales interpuestos en contra por diversas organizaciones sociales.

Ambas cuestiones treparon en el ámbito judicial y en el caso del gas ya está en consideración de la Corte Suprema de Justicia, quedando tales incrementos en un limbo que preocupa a usuarios, empresas proveedoras y al propio gobierno.

Desde hora temprana el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, anticipó en declaraciones periodísticas la intención de convocar a audiencias, que el funcionario calificó de «informativas», pero que por la tarde se confirmaron como las que corresponden a las diseñadas en las leyes 24.076 (Gas) y 24.065 (Electricidad).

El anticipo de Aranguren se vio ratificado luego por declaraciones del jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, y ambos estuvieron trabajando hasta pasadas las 20 en Casa Rosada, preparando las resoluciones de convocatoria a las audiencias.

Hasta la semana pasada el gobierno se manifestó refractario a la realización de estas audiencias antes de disponer los aumentos por considerarlas innecesarias, pero los reclamos judiciales y protestas callejeras acontecidas en los últimos dos meses influyeron en el cambio de criterio.

La realización de esta audiencias esta reglamentada e implica la participación de representantes de las empresas del sector, de las organizaciones de usuarios y consumidores (residenciales e industriales) para debatir aspectos técnicos y económicos de la política tarifaria, coordinados por los organismos reguladores (ENARGAS y ENRE).

Mientras se espera que avance el tratamiento por parte de la Corte Suprema, las empresas distribuidoras de ambos servicios están a la espera de instrucciones por parte de los entes reguladores respecto del criterio a aplicar en la facturación.

Las gasíferas han paralizado la emisión de sus facturas ya que quedaron sin efecto las últimas resoluciones que disponían aumentos de 400 y de 500 por ciento respecto de lo cobrado en el mismo período de 2015 y ahora deberían facturar cobrando las tarifas vigentes a marzo último.

Las compañías de electricidad Edenor y Edesur, en tanto, están facturando con las «tarifas viejas» en el Gran Buenos Aires y con las nuevas en la Ciudad de Buenos Aires porque, argumentan, aún no recibieron notificación del fallo judicial que obliga a la compañía CAMMESA a retrotraer sus tarifas a enero, igual que al resto del país, lo cual ha sido cuestionado por la asociación empresaria ADEERA.

DZ/sc

Fuente DYN