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Amnistía dice que la política educativa es discriminatoria

Denuncian ante la justicia que el Gobierno porteño invierte menos recursos en las escuelas primarias de los barrios más pobres.

Por Alejandra Hayon
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Amnistía Internacional se presentó como «amicus curiae» en una causa contra el gobierno porteño.  Un amicus curiae es un tercero que, si bien no es parte del juicio, ofrece su opinión para colaborar con el tribunal. En la causa en cuestión se acusa al gobierno porteño de ofrecer menos escuelas primarias de jornada completa en los barrios más pobres.

El amparo fue presentado en 2010 por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) ante la Justicia porteña por el “potencial efecto discriminatorio de la política educativa de la Ciudad”. Luego de dos sentencias favorables, este año el Tribunal Superior debe expedir la sentencia definitiva.

Amnistía sostiene que los recursos destinados a las escuelas primarias en los distritos más pobres es menor “en comparación con los distritos más ricos de la ciudad”.

“La distribución de la oferta de escuelas primarias de jornada completa es muy desigual. No es casual que en los distritos escolares de las comunas con peores indicadores socioeconómicos, la cantidad de estudiantes es mucho menor”, explica Maria Emilia Mamberti, de ACIJ.

Los distritos escolares con menos oferta educativa son el 5, el 19 y el 21. Allí se encuentran los barrios de Barracas, Villa Soldati, Nueva Pompeya, Villa Riachuelo, Lugano y Parque Patricios.

Desde Amnistía sostienen que esta política contradice lo dispuesto por el derecho internacional. “Los Estados no sólo no deben tener políticas públicas discriminatorias –ya sea por acción u omisión- sino que allí en donde se encuentren las poblaciones más desventajadas se deben reforzar los recursos”, sostiene Paola García Rey, de Amnistía Internacional Argentina.

La prioridad de la que hablan las normas supranacionales tiene que estar reflejada en la asignación de recursos, partidas presupuestarias y el diseño de políticas públicas específicas. “La oferta diferenciada entre el norte y el sur de la Ciudad se mantiene de manera constante. Lo que busca esta acción no es sólo lograr el criterio de igualdad, sino revertir dicha situación discriminatoria”, explica García Rey.

Ya en 2013 el Ministerio Público Tutelar había denunciado que las escuelas de los barrios del sur tenían menores recursos, lo que se reflejaba en la calidad y cantidad de  materiales didácticos y excursiones que podían realizar; estaban en peor situación edilicia, muchas de ellas incluso en emergencia; y presentaban un mayor hacinamiento en las aulas.

DZ/ah

Fuente Redacción Z
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