El juez federal Luis Rodríguez ordenó allanar oficinas de Telmex e Ibercom Multicom y del ministerio porteño de Ambiente y Espacio Público, en el marco de la investigación por los cortes de luz que la semana pasada afectaron a miles de vecinos durante tres días en las zonas de Barrio Norte y Recoleta.

Fuentes judiciales informaron que durante los allanamientos se secuestró documentación relacionada con la obra de tendido de fibra óptica que realizaban las empresas privadas, además de expedientes de contratación, planos y permisos de ejecución.

El juez Rodríguez ordenó los allanamientos a pedido del fiscal federal Franco Picardi, quien abrió una causa para investigar la denuncia que presentó el ministerio de Planificación Federal luego de que una tuneladora de Telmex rompiera dos líneas de alta tensión en la zona del Palais de Glace.

El apagón afectó a unos 90.000 usuarios en Barrio Norte y Recoleta. A raíz del corte de energía eléctrica, la empresa Edesur instaló más de 80 generadores en las zonas afectadas.

El fiscal Picardi imputó ayer a funcionarios del gobierno porteño y a los directivos de Telmex e Ibercom Multicom por los cortes de luz. «Resultan imputados en las presentes actuaciones los Directivos de la Empresa TELMEX S.A. e IBERCOM MULTICOM S.A. y los funcionarios responsables de las áreas pertinentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», sostuvo el fiscal.

En el dictamen el fiscal no precisó nombres y agregó que su resolución es «sin perjuicio de que con el devenir de la investigación se individualicen otros organismos y/o personas jurídicas o físicas en el hecho investigado en calidad de autores y/o partícipes».

El subsecretario Legal y Técnico del ministerio de Planificación Federal, Rafael Llorens, había denunciado que la empresa Telmex contrató a Ibercom Multicom S.A para realizar trabajos de tendido de fibra óptica sobre Figueroa Alcorta, que impactaron en las subestaciones de luz de Azcuénaga y Paraná de la empresa Edesur, lo que provocó el corte de luz.

El ministerio también denunció al gobierno porteño bajo la acusación de no dar a las empresas la información adecuada sobre la ubicación de las subestaciones y no controlar a las compañías, que obraron con un accionar negligente.

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Fuente DYN