El gremio docente sostiene que esta medida adoptada por el ministro de Educación de la ciudad de Buenos Aires, Esteban Bullrich, “es absolutamente inconstitucional y que se arroga funciones legisferantes, que no pueden haberle sido delegadas nunca”.

En este sentido, destacan que el régimen on line “que se pretende imponer a las familias no garantiza que la vacante solicitada en la Escuela de preferencia de la familia sea la efectivamente asignada”.

A través de un comunicado, afirma que se “introduce una discriminación injustificada, ya que los padres que optan por la educación privada inscriben a sus hijos en la escuela de su elección, lo que parece entonces subordinar ese derecho al pago de cuotas y matrículas. Esto sólo es suficiente para fulminar de inconstitucionalidad el sistema, por discriminación fundada en razón social y económica, vedada por las distintas Convenciones Internacionales y Pactos de Derechos Humanos incorporados en la Constitución Nacional”.

“El ministro Bullrich sigue tomando medidas que atentan contra la escuela pública. Como buen analista de sistemas, diseña políticas que tienen más que ver con números binarios contra la realidad de los padres y estudiantes que son los únicos que tienen derecho a elegir adonde estudiar, no un data entry”, declaró Manuel Gutiérrez, secretario de Prensa de Ademys.

Este pedido de intervención se suma al pedido de la Defensoría General para dar de baja el nuevo sistema, que comenzará a funcionar el lunes 4 de noviembre, desde donde se adelantó que podrían presentar un recurso de amparo para frenar la disposición del Minsterio de Educación porteño. 

Fuente Redacción Z