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Acto y pedido de justicia por las víctimas de Iron Mountain

Familiares de los ocho bomberos y los dos rescatistas muertos en el incendio en Barracas reclaman justicia. Dos pericias determinaron que fue intencional, pero no hay imputados en la causa.

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«Hoy se conmemoran dos años de la muerte de diez personas que sufrieron una emboscada», aseguró minutos antes del acto Ricardo Martínez, papá de Maximiliano, bombero de la Policía Federal fallecido tras desmoronarse la pared que daba a la calle Jovellanos sobre la vereda en la que aguardaban instrucciones bomberos y rescatistas.

Y continuó: «Yo vi por televisión cómo la pared aplastaba a mi hijo. Estaba trabajando cerca y me vine caminando despacito. Vi los cuerpos tapados con las mantas y me confirmaron en el Hospital Argerich lo que yo ya sabía, que estaba muerto».

«Les digo a todos los que creen que porque nos indemnizaron nos van a callar la boca que están muy confundidos. ¿Qué está esperando la justicia para decirnos qué pasó? Si tienen todas las pruebas. Nosotros no vamos a parar hasta conocer la verdad», exclamó.

Ya durante el acto, Jorge Campos, papá de Sebastián, bombero voluntario del cuartel de Vuelta de Rocha y otro de los diez fallecidos, afirmó que «hay un desprecio por la vida, aquí hay personas que cerraron los ojos para que Iron Mountain permanezca abierto y beneficie a quién sabe quién».

«Dos años es mucho tiempo para que todavía no sepamos qué pasó. Yo quiero saber por qué mi hijo no vuelve a su casa, su mamá quiere saber por qué no llega. Exigimos que esta justicia se ponga de pie, se saque la venda y nos diga qué pasó», aseguró.

Bajo un sol agobiante, el pedido de justicia se repitió una y otra vez en las palabras de algunos de los familiares, mientras que otros lloraban en silencio, parados junto a una suerte de santuario ubicado sobre la calle Jovellanos donde se encuentran las fotos de las diez víctimas y algunas de sus pertenencias, acompañadas por el cartel que los bautiza como los «Héroes de Barracas».

Minutos antes de las 9, el padre Pedro de la Capilla San Pedro dirigió a los presentes las primeras palabras y también reclamó «justicia para estos diez hermanos nuestros porque mientras no sepamos qué pasó y quién es el responsable no descansarán en paz».

Tras encender una vela para cada uno de los diez fallecidos, la autobombas hicieron sonar sus sirenas a las 9.15, hora en la que la pared se desmoronó provocando la muerte de Maximiliano, Sebastián y de Leonardo Day, Anahí­ Garnica, Eduardo Adrián Conesa, Damián Véliz y Juan Matí­as Monticelli, bomberos de la Policía Federal.

También falleció Facundo Ambrosi, compañero de Sebastián del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha, y Pedro Barícola y José Luis Méndez Araujo, de Defensa Civil porteña.

La causa fue caratulada como «Estrago doloso seguido de muerte» tras el resultado de dos peritajes, uno de la División Siniestros de la Policía Federal Argentina y otro del Instituto Nacional de Tecnologí­a Industrial (INTI), que determinaron que el incendio fue intencional.

Estos peritos concluyeron, entre otras cosas, que «se encontraron rastros de sustancias combustibles» y se estableció que «el foco del fuego se produjo por dispositivos colocados al efecto, ya que también se encontraron restos de conductores y transformadores de energía, que no se correspondían con partes de equipos del lugar».

La investigación se encuentra en la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°37, actualmente a cargo de Romina Monteleone, y según fuentes judiciales como todavía falta el resultado del peritaje de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) no se han realizado imputaciones.

Consultada por la Legislatura porteña acerca de la habilitación del galpón incendiado, ubicado en Azara 1245, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) porteña, que entonces estaba a cargo de Juan José Gómez Centurión, declaró que el expediente se encontraba extraviado.

Además de la causa por el incendio, el 21 de mayo de 2014 la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) radicó una denuncia contra la empresa Iron Mountain por presunto lavado de dinero que se encuentra radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12 a cargo de Sergio Torres.

Según un informe de la Auditorí­a General de la Ciudad de Buenos Aires, a 2012 «Iron Mountain tuvo beneficios por cinco millones de pesos por exención de Ingresos Brutos y ABL».

Estas exenciones estaban basadas en que significarían un importante fuente de trabajo, sin embargo, la Auditorí­a no pudo constatar que pasó con el personal de Iron Mountain porque «cuando se revisó el expediente, no constaba la declaración jurada de los empleados que tienen».

La empresa Iron Mountain tuvo el menos otros seis incendios en diferentes partes del mundo, uno de los más importantes fue el que ocurrió el 12 de julio de 2006 en Londres, sobre el que la investigación del departamento de bomberos (London Fire Brigade) concluyó que el fuego fue provocado de forma intencional y encontró serias irregularidades, como la deshabilitación del sistema principal y alternativo de rociadores automáticos.

Los otros fueron en Estados Unidos (tres en Nueva Jersey en 1997), uno en Canadá (en Ottawa el 11 de julio de 1996), y otro en Italia (en Aprilia el 4 de noviembre de 2011).

DZ/sc

Fuente Télam
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