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Acción de amparo contra Rock in Río en el Parque de la Ciudad

La Defensora Adjunta del Pueblo porteña, Graciela Muñiz, presentó una acción de amparo para anular un acuerdo entre el gobierno macrista y una empresa privada para la realización del festival «Rock in Río» en el Parque de la Ciudad, al denunciar una «concesión encubierta y gratuita».

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La Defensora Adjunta del Pueblo porteña, Graciela Muñiz, presentó una acción de amparo para anular un acuerdo entre el gobierno macrista y una empresa privada para la realización del festival «Rock in Río» en el Parque de la Ciudad, al denunciar una «concesión encubierta y gratuita».

«Se entrega el Parque de la Ciudad, recursos y apoyos sin ningún tipo de contraprestación a cambio para un negocio privado», explicó Muñiz.

La presentación judicial busca «anular» el acuerdo, que según precisó la funcionaria en un comunicado, contempla «tres ediciones del evento en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el mismo lugar, la primera en octubre de 2013; la segunda en octubre de 2015 y la última en octubre de 2017».

En este sentido, advirtió que «se le está otorgando (a la empresa Drean Factory Comunicacao e Eventos Ltda.) una especie de concesión encubierta y gratuita que abarca un período de tiempo y en un espacio determinado por un período de cinco años, sin haber pasado por la Legislatura de CABA, mediante el procedimiento de doble lectura».

En el documento, Muñiz sostuvo que «tal cual surge de la cláusula segunda, el gobierno de GCABA, se obliga a: poner a disposición en forma gratuita un área mínima de 160.000 metros cuadrados del Parque de la Ciudad».

Asimismo, señaló que se comprometió a «adecuar el área puesta a disposición a sus expensas, a través de la construcción y/o adecuación a la infraestructura necesaria para recibir las estructuras temporales del evento», y «proveer de una red de servicios necesario para atender las necesidades logísticas inherentes a la realización del evento». Al respecto, siguió el comunicado, «la segunda cláusula se concede en exclusividad el espacio a construir a la empresa sin que haga ningún aporte patrimonial».

«Todas estas obligaciones asumidas por cuenta y cargo del Gobierno sin costo alguno para el adjudicatario, que por otra parte lucrará con la realización del evento, resultando el único beneficiario, además de vulnerar los artículos 89 y 90 de la Constitución de CABA, constituyen a todas luces un grosero dispendio del Presupuesto y recursos económicos de la ciudad autónoma de Buenos Aires, al que aportamos con nuestros impuestos todos los vecinos», concluyó Muñiz.

Fuente Redacción Z
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