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Abrevaya: ‘Nuestra tarea es opinar y crear conciencia’

Reportaje al presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad.

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Sergio Abrevaya es abogado egresado de la UBA y mediador. En 1982 co­menzó a participar en la Unión Cí­vica Radical, tuvo militancia vecinal y en 2007 fue electo legislador de la ciudad de Buenos Aires por la Coalición Cívica cargo que ocupó hasta 2011. Una de sus inicia­tivas más relevantes para los porteños fue la aprobación de la ley que regula la acti­vidad de los administradores de consorcios en 2009. Hoy es presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad.

¿Qué es el Consejo Económico y So­cial y qué tipo de información reúne?
Es un organismo constitucional de la Ciu­dad creado mediante el artículo 45 de la reforma de la Constitución que nunca había sido constituido. Existe en muchas ciudades del mun­do, en varios países y en muchas orga­nizaciones supra­nacionales como la ONU y la Comu­nidad Económica Europea. Surge como instrumento de acuerdo entre las fuerzas vivas de la sociedad para poder consensuar hacia dónde creen que debería ir la Ciudad para luego recomen­dárselo al Estado. Muchas veces el Estado interactúa con un gremio, con una empresa o con una organización sin crear un ámbito donde ellos puedan expresar lo que creen. 

¿Quiénes forman parte del Consejo?
Se convoca a seis representantes del mundo empresarial, seis de organizacio­nes gremiales, tres de las profesiones, tres representantes de organizaciones de pro­moción social y la asistencia de los credos católico, judío e islámico, cuatro facultades (dos privadas y dos públicas), dos asocia­ciones de consumidores, una cooperativa y una mutual. Según la ley, las organizacio­nes pueden enviar a cualquier represen­tante y la mayoría de ellas decidió enviar a sus titulares. Ello muestra un compromiso muy grande con la ciudad de Buenos Aires y con el Consejo.

¿Cómo fue elegido presidente?
Pertenezco a la Coalición Cívica y nues­tro partido pidió presidir este Consejo. Ello fue aprobado por el Ejecutivo a través de un decreto.

¿Quién le suministra el presupuesto y dónde funciona?
El presupuesto lo aporta el Gobierno de la Ciudad, aunque no es alto porque hoy la estructura no existe. El único que cobra soy yo, el presidente, y mi sueldo es el mismo que el de un diputado, según la ley. La sede, recién alquilada, estará en Carlos Pellegrini 587, piso 10.

¿Cuál es la tarea del Consejo? 

Opinar. Las organizaciones que están en el Consejo tienen mucho peso y pueden in­tervenir en distintos temas e, incluso, pre­sentar proyectos porque la Constitución le dio rango de iniciativa parlamentaria. Puede plantear sus decisiones como proyectos le­gislativos y, además, es un ente público no estatal y absolutamente autónomo. El pleno del Consejo se reúne una vez por mes y las comisiones de los equipos técnicos, sema­nalmente. 

¿A quién aconseja?
Ayuda a todo aquel que lo requiera des­de el Estado, es decir, el Poder Ejecutivo puede tener un proyecto y preguntarle su opinión al Consejo. El Legislativo puede solicitar opinión antes de votar un pro­yecto. Y también el Tribunal Superior y el ombudsman pueden pedirle su opinión al Consejo. Todos pueden preguntar, pero no están obligados a hacerlo ni tampoco a se­guir las recomendaciones del organismo.

¿Sobre qué aspectos se habla?
Recién comenzó el debate y estamos tra­tando dos grandes temas: la educación y el perfil socioproductivo de la ciudad. Ese perfil abarca doce sectores productivos en­tre los que se encuentra vivienda, la marca Buenos Aires, la salud desde el punto de vista económico y social; el sector univer­sitario, los profesionales y el turismo. Con respecto a educación, el Estado nos pidió que organicemos un debate sobre la refor­ma de la ley de educación media. En la primera etapa, el Consejo busca crear con­ciencia, vamos a enviarle al Ejecutivo y al Legislativo todo lo que se dijo y aspiramos a que el tema se instale en los medios y entre la gente, que se comunique la necesi­dad de reformar la educación media.

¿Los porteños pueden intervenir o participar del Consejo?
Sólo a través de sus representantes, en este caso los 26 organismos que nombré. Pero la apertura es fundamental y la ley lo dice. En temas como la educación vamos a implementar un proceso participativo para que puedan opinar individualmente los ciudadanos, pero el Consejo no es una oficina de reclamos.

DZ/km

Fuente Redacción Z
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