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TEMAS DE LA SEMANA

Aborto no punible: la maternidad como política compulsiva

El Ministerio de Salud redactó un protocolo que multiplica las trabas para interrumpir el embarazo.

Por Olga Viglieca
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Una resolución del Ministerio de Salud de la Ciudad acaba de convertir en prácticamente inalcanzable un derecho obtenido por las mujeres en 1921. Para darse una idea, no existía ni la televisión ni los anticonceptivos, ni siquiera existía la aviación comercial. El derecho en cuestión, reconocido desde entonces en el Código Penal, autoriza a interrumpir un embarazo cuando pone en riesgo la vida o la salud de la gestante, o si el embarazo es producto de una violación. Sensatez pura. La reglamentación porteña, 90 años después, suma restricciones de toda índole.

Es curioso, porque la resolución que firmó el renunciado ministro Jorge Lemus dice acatar un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, en abril, propuso todo lo contrario: dejó en claro que el aborto no es punible en ningún caso de violación (no sólo cuando la mujer es «idiota o demente»), que el médico no tiene que pedir ni permiso ni opinión a la Justicia ni a otros profesionales y ordenó que los jueces no metieran la nariz en esos asuntos, reservados exclusivamente -insiste la Corte- a la gestante y su médico.

La resolución de Lemus, que intentó, él sí, abortar el debate sobre la reglamentación del aborto no punible que había en la Legislatura, le costó el puesto a un ministro largamente lijado por varios frentes: desde el aumento exponencial de la mortalidad infantil hasta el descalabro generalizado del sistema hospitalario; desde el intento de desguace del Neuropsiquiátrico Borda hasta la negativa a que las ambulancias ingresen en las villas. Lemus se fue y ya tiene una reemplazante, la oftalmóloga Graciela Reybaud. Pero la resolución quedó. Y la nueva ministra, ligada a la Asociación de Médicos Municipales igual que su antecesor, no se ha pronunciado.

La interesada y su médico
El derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, a elegir si quieren o no ser madres y cuándo quieren ser madres quizá sea el más cuestionado de los derechos humanos. La hermosa experiencia de la maternidad fundada en el deseo de un hijo se convierte en una pesadilla cuando la capacidad biológica de engendrar se confunde con la maternidad compulsiva, decidida por médicos, jueces o curas, a contramano de los derechos y los sentimientos de la ¿dueña? de su útero.

Los redactores del Código Penal, en 1921, debían de ser de los que piensan que las mujeres son seres completos, que su vida y su salud tienen valor en sí mismas, más allá de la función materna. Quizás por eso necesitaron sólo 85 palabras para definir cuándo no era delito interrumpir un embarazo. El artículo 86 dice: «El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible: 1º. si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2º. si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto». El poder de decisión es de ella y su médico. O, si estaba mentalmente incapacitada, de su representante legal. No se mencionan ni comités de ética, ni equipos interdisciplinarios, ni al Poder Judicial. La interesada y su médico. Stop.

Y así sucedió por décadas, más allá de alguna escaramuza respecto de si la violación habilitaba el aborto para todas las mujeres o sólo para las idiotas, incógnita resuelta en la acepción más amplia por la mayoría de la jurisprudencia.

El aborto no fue tema para los diarios, ni los tribunales, ni los recintos legislativos. Era apenas un murmullo en charlas de mujeres donde, por ejemplo, se contaba que «a la pobre tía Menganita», como «era débil de corazón», le tenían que «frenar» el embarazo. Recién a partir de la firma del Pacto de San José de Costa Rica, que establece la vida humana desde la concepción, sectores confesionales instalados en el Poder Judicial y en la dirección de los hospitales públicos y sus comités de ética comenzaron a bloquear los abortos no punibles con artimañas legales.

Es la situación que intentaron despejar, por unanimidad, los jueces de la Corte. En un fallo que levantó polvareda en la Iglesia católica y evangélica y alivio en el movimiento de mujeres, el tribunal subrayó que los jueces «tienen la obligación de garantizar derechos y su intervención no puede convertirse en un obstáculo para ejercerlos, por lo que deben abstenerse de judicializar el acceso a estas intervenciones, las que quedan exclusivamente reservadas a lo que decidan la paciente y su médico». (Agencia de Noticias del Poder Judicial 13-3-12).

El dictamen buscaba impedir las argucias que traban los abortos no punibles: dilación de las determinaciones médicas, apelación a los comités de ética que tardan en pronunciarse y en general requieren autorización de la Justicia, intervención de defensores de menores, fallos que demoran hasta que el embarazo es tan avanzado que explica la masiva objeción de conciencia de los médicos y muchos etcéteras.

Como el fallo se aplicaba sólo al caso en debate, la Corte sugirió que cada jurisdicción redactara un protocolo hospitalario para guiar a los médicos en sus obligaciones «a los efectos de remover las barreras fácticas o administrativas al acceso a los servicios médicos».

Desde marzo a la fecha, el macrismo, que en estos años boicoteó varios intentos legislativos de reglamentar el artículo 86, no se pronunció. Pero las comisiones de Legislatura retomaron el debate, y el PRO -cuyos legisladores propusieron volver la iniciativa a comisión- no logró amalgamar sus filas. Así las cosas, el Ejecutivo cortó, es un decir, por lo sano, y Lemus redactó una resolución tan restrictiva que fue el antecedente directo de su renuncia. Para deshacer lo que el Código Penal expresó en 85 palabras Lemus necesitó 2.658. Unas 31 veces más.

DZ/sc

 

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