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TEMAS DE LA SEMANA

Aborto no punible: barreras a un derecho

El Ministerio de Salud redactó un protocolo que multiplica las trabas para interrumpir el embarazo.

Por Olga Viglieca
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La Resolución 1.252 especifica que abarca exclusivamente al Subsector Estatal del Sistema de Salud y deja, por lo tanto, al margen a quienes se atienden en obras sociales o privados.

Plazos. Es el único distrito que fija un plazo rígido, de 12 semanas, para autorizar el aborto. Pero no especifica plazos para el sistema de salud, sólo dice que se cumpla «sin dilaciones». Desconoce que muchas dolencias que afectan «la salud o la vida de la gestante» se detectan con el embarazo avanzado y que las niñas violadas y las mujeres con problemas mentales difícilmente registren su preñez antes del cuarto mes (la Organización Mundial de la Salud sugiere 22 semanas). Exige probar el tiempo de gestación con una ecografía pero no da prioridad a esos estudios, que se demoran semanas (cuando el ecógrafo funciona).

Presión sobre los médicos. El profesional deberá «hacer constar en la historia clínica la gravedad del caso, por qué considera que debe abortarse en el estado de la ciencia al momento de emitir el informe, las alternativas terapéuticas consideradas y por qué descarta cada una de ellas». La exigencia facilita el backlash (intervención de aparatos pro vida que intimidan a los médicos), tan frecuente contra profesionales que intervienen en abuso sexual infantil y violencia doméstica.

Objetores de conciencia: Esta categoría no está admitida por el Código Penal ni por la ley básica de salud, es tan absurdo como contratar Testigos de Jehová en los servicios de Hemoterapia. Los objetores están protegidos por un listado secreto con lo cual es imposible saber quién atiende a la paciente y si el director es objetor. Ni siquiera establece un número límite de objetores por servicio. La indicación de que la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud evalúe si la cantidad de objetores «pudiere dificultar o imposibilitar la efectiva realización de los abortos no punibles» es burlesca, ya fracasó en garantizar prestaciones sin estos problemas (anestesistas o radiólogos).

Equipo multidisciplinario. Tiene funciones de «evaluación y contención» y hace obligatoria la consulta psicológica, aunque la Corte dice que el aborto no necesita de consejeros extra. ¿Por qué la paciente debe enfrentar a más profesionales? Es una revictimización de las abusadas y un abuso de las enfermas. El equipo es integrado arbitrariamente por quienes designen jefes de varias áreas (Materno Infantil, Técnica, Servicio Social) y el director. La aclaración de que no puede estar integrado por objetores de conciencia es una ironía, siendo el listado secreto.

Constatación de la violación: La norma penal sólo pide que la mujer o su representante declaren frente al médico que ha sido violada. En la ciudad, si no han hecho denuncia tienen que firmar una declaración jurada, donde se les pregunta día y circunstancias de la violación y «características del agresor» (si es familiar, su personalidad, etc.). En el caso de las mujeres con problemas mentales, se impone dar intervención al área de Atención de Víctimas de Delitos Sexuales, algo ilegal porque la violación es un delito de orden privado, la víctima no está obligada a denunciarlo.

Menores de edad: Las chicas hasta 18 años deberán ser autorizadas por sus padres o por el asesor legal. Esto contradice la Ley de Salud Reproductiva que reconoce el derecho a dar el consentimiento a partir de los 14 años. En el proyecto que consensuó la oposición en la Legislatura se decía que en ese caso, si no había acuerdo, se debía recurrir al Ministerio Público y «de persistir la controversia deberá prevalecer la opinión de la niña». La resolución ministerial no dice cómo actuar si no hay acuerdo entre padres e hijas.

Adopción. Insólitamente, se establece que el servicio social del hospital informe a las víctimas y sus representantes «respecto de las prestaciones, ayudas públicas y coberturas sanitarias disponibles para las mujeres embarazadas y los hijos e hijas, así como también la posibilidad de tramitar la adopción del concebido» cuando de lo que habla el fallo de la Corte es de abortos no punibles, no de hijos ni hijas, ni de adopciones, ni de concebidos. «Están incentivando u orientando la labor de los equipos en esa dirección», opinó la diputada María Elena Naddeo, presidenta de la Comisión Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud.

En el primer párrafo de la Resolución, el Ministerio, créase o no, subraya que está cumpliendo con la sentencia de la Corte «de hacer operativos protocolos hospitalarios para la atención de los abortos no punibles a los efectos de remover las barreras fácticas o administrativas al acceso a los servicios médicos». En verdad, ese texto violenta derechos adquiridos, desoye a la Corte, se burla de todos los ciudadanos y pone en riesgo la salud física y mental de las mujeres, especialmente de las más pobres, que son las que apelan a los hospitales públicos.

 

DZ/sc

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