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Aborto: denuncia penal contra las médicas del hospital

La diputada porteña María Rachid (FpV) realizó hoy una presentación ante la justicia penal contra las autoridades del Hospital Fernández y tres médicas que denunciaron a una mujer que llegó a la consulta con un aborto en curso por «incumplimiento de los deberes de funcionario público, lesiones y tortura» y por «contrariar la ley de violencia contra las mujeres». 

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«Hicimos esta denuncia contra las autoridades del Hospital Fernández y las médicas que intervinieron en el caso porque consideramos que a la situación ya traumática de un aborto se le sumaron la violencia institucional y el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos», afirmó la legisladora Rachid.

La funcionaria presentó el martes último además un pedido de informes al Gobierno de la Ciudad para que «explique si tiene algún protocolo para intervenir en estos casos y si hay alguna indicación de denunciar penalmente abortos en curso». 

«La Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Cámara Criminal han establecido en fallos anteriores que no debe denunciarse ni criminalizar a las mujeres en estas situaciones, porque se las pone en la disyuntiva de elegir entre la muerte o la cárcel», explicó Rachid.

La diputada agregó que «eso es terrible y no hace al deber de cuidado y protección de la salud de las mujeres que deben tener los funcionarios públicos de un hospital».

El 29 de junio último, una mujer de 28 años concurrió al hospital con un aborto en curso, por lo que las médicas Julieta Andrea Wainfeld y Virginia Diedrich constataron la muerte fetal y realizaron la interrupción del embarazo, en medio de comentarios condenatorios hacia la mujer.

Al hacerse cargo de la guardia, la médica Rosana Buffa decidió denunciar a la paciente, le dio el alta a menos de 24 horas de la intervención, y la mujer estuvo 10 horas en un calabozo, transitó un proceso judicial de un mes y medio y fue sobreseída.

«Por supuesto que fue sobreseída, porque esto es lo que establece la jurisprudencia en todos los casos en los últimos años, pero habiendo pasado por todas estas situaciones de absoluta violencia institucional», enfatizó Rachid y subrayó que «se violó el secreto profesional, que es otra de las cosas que estamos pidiendo que se investigue».

La funcionaria sostuvo que «si estas médicas cumplieron con algún procedimiento en particular, en ese caso habría una responsabilidad directa del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires» y destacó que «es muy importante» que la mujer se haya animado a denunciar «para que estas cosas no sucedan más».

Rachid agregó que también presentará una declaración de repudio de la Legislatura a este tipo de intervenciones «para que no sucedan más en los hospitales de la Ciudad» y que propondrá un protocolo para que se siga en estos casos.

«Vamos a proponer un protocolo claro, como hemos propuesto el protocolo de abortos no punibles que lamentablemente fue vetado por el jefe de Gobierno de la Ciudad, que se autodenomina `jefe del veto`; esperamos que no suceda lo mismo en este caso», remarcó.

La diputada agregó que «la definición de salud de la Constitución de la Ciudad y de la OMS establece que el derecho a la salud es el completo bienestar físico, psíquico y social; consideramos que prácticamente todos los abortos tienen que ver entonces con un riesgo en la salud de las mujeres, por lo tanto, todos los abortos deberían ser no punibles».

DZ/sc

 

 

Fuente Télam
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