Los miembros de la bancada Frente para la Victoria  y la auditora general Cecilia Segura Rattagan, presentaron en la Legislatura una solicitud de información pública sobre el estado de la concesión de obra pública de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

AUSA,  una sociedad anónima cuyo único accionista es el gobierno porteño,  tiene a su cargo la explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de las autopistas de la Ciudad y también la ejecución de las obras públicas viales -que le encargue el Ministerio de Desarrollo Urbano- y no viales, con previa autorización de la Legislatura.

El pedido de informes señala que “la gestión macrista de la Ciudad ha realizado desde 2007 a la fecha un aumento tarifario brutal del 2.900% de los peajes que cobra Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), que además ha tomado deuda en organismos internacionales” y agregó que “estos recursos le permitieron a AUSA desarrollar obras públicas que exceden lo meramente vial, omitiendo el tratamiento Legislativo tal como lo estipula la Ley 3060, como es caso del viaducto elevado del FF.CC. San Martín”.
La legisladora Andrea Conde precisó que “AUSA está llevando adelante la ejecución de obras públicas de gran envergadura que implican una serie de cambios y transformaciones del paisaje urbano, bajo la excusa de que son obras viales” dado que “con esta maniobra escapan del tratamiento legislativo que implicaría conformar la Comisión de Seguimiento que es uno de los 9 organismos externos de control que tiene por ley AUSA”. Asimismo, consideró que “un claro ejemplo de esta manipulación de la ley es el viaducto del Ferrocarril San Martín”.Por su parte, Segura aseveró que “el macrismo habla de transparencia pero pone trabas al control sobre el manejo de los fondos públicos. El tema es grave porque, sin control, un plan de obras que supera los 4 mil millones de pesos se transforma en un agujero negro” y añadió que “desde la Auditoría vemos que éste no es un caso aislado, nuestros informes muestran que el gobierno porteño retacea información sistemáticamente”.

La Ley N° 3.060 le otorgó a Autopistas Urbanas S.A. la concesión de obra pública de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la Ciudad y Puentes de conexión física con la Provincia de Buenos Aires por el plazo de 20 años.