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TEMAS DE LA SEMANA

A 15 meses del incendio de Iron Mountain, ningún procesado

La multinacional Iron Mountain, experta en incendios intencionales, ofreció indemnizaciones extrajudiciales a las familias de las víctimas a cambio de que no la querellen.

Por Juan Manuel Bordon
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Hay cosas que ya no tienen arreglo, pero lo que nos gustaría saber es quién es quién acá”, susurra en el teléfono Nora Fernández (56), veterana del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha y madre del bombero Facundo Ambrosi. Su hijo fue uno de los diez muertos en el incendio del depósito de Iron Mountain en Barracas, el 5 de febrero de 2014. Desde entonces, Nora ha seguido la evolución del caso algo aturdida por el dolor y la cantidad de datos: en los últimos meses se sucedieron los resultados de las pericias que hablan de un incendio intencional, pedidos de información a la empresa para que explique quiénes guardaban documentos allí y especulaciones sobre por qué querrían quemarlos; también cobraron peso investigaciones laterales que hablan de posibles vínculos con una trama de lavado de dinero, las denuncias de habilitaciones fraudulentas por parte del gobierno porteño y más pedidos de informes en la Legislatura.

“La verdad es que resulta difícil seguir todo eso. A mí lo que me importan son los hijos de Facundo, mis nietos: el más chiquito tiene nueve meses y el más grande ocho años. Él tenía hijos con tres chicas y se están haciendo papeles para reconocer al último”, explica Nora, que –como los familiares de casi todas las víctimas– recibió de la empresa Iron Mountain una indemnización que “cubre a los hijos de Facundo hasta que cumplan los 21 años”, con la condición de que no se presenten como querellantes en la causa.

En el cuartel que frecuenta desde los 16 años, a muchos “les empezó a costar salir” en el camión cuando reciben un aviso de incendio. Nora dice que, paradójicamente, todo esto atrajo voluntarios nuevos al cuartel de Vuelta de Rocha. “Ahora todos quieren ser bomberos”, comenta sorprendida.

¿Usted no pensó en abandonar?
Ese día yo estaba de guardia, como hoy. Ya pasó más de un año y de acá no pienso irme. Solamente uno por dentro sabe lo que siente, es difícil, pero hay que tratar de guardárselo para uno.

¿La sorprendieron las pericias de la Policía Federal que señalan que el incendio fue intencional?
No, acá no nos sorprendió a ninguno esto de la pericia. Un bombero reconoce un fuego intencional al verlo. Y acá era mucho. Y demasiado grande.

¿Qué ocurrió con la causa?
El incendio del galpón que Iron Mountain tenía en la calle Azara 1245 de Barracas comenzó el 5 de febrero a las ocho de la mañana. Según los informes de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 37, a cargo de Marcela Sánchez, hubo una primera alarma pero los dos empleados que se acercaron hasta el área no vieron llamas. Poco más tarde la alarma sonó por segunda vez y ahí sí identificaron un principio de incendio. Como el sistema de aspersores automáticos no se encendió, los empleados trataron de apagarlo con matafuegos mientras daban la alarma al 911.

Minutos después, un grupo de bomberos intentaba controlar las llamas ingresando por la puerta de la calle Azara y otro se preparaba para entrar por la de la calle Jovellanos. Una pared se desmoronó sobre este segundo grupo de bomberos. Murieron aplastados el comisario inspector Leonardo Day; la subinspectora Anahí Garnica; los cabos primero Eduardo Adrián Conesa y Damián Véliz, los agentes Maximiliano Martínez y Juan Matías Monticelli, así como los bomberos José Luis Méndez Araujo, Sebastián Campos y el rescatista de Defensa Civil Pedro Baricola. Facundo Ambrosi, el hijo de Nora Fernández, fue trasladado con vida hasta el hospital Argerich, donde falleció doce días más tarde.

Casi quince meses después, son pocas las novedades que se conocen del avance de la causa caratulada “N. N. sobre incendio u otro estrago con muerte de personas”. La fiscal Sánchez les tomó declaración a los empleados del galpón y a varios bomberos que estuvieron allí ese día. También revisó las cámaras de seguridad del galpón, pero hasta ahora no hay ningún procesado ni se conocen avances firmes en la investigación. Tampoco se sabe si citaron a autoridades de Iron Mountain (el presidente de la filial argentina es Guillermo Lockhart) o del gobierno porteño. Desde la fiscalía señalaron que no están autorizados a comentar el caso con la prensa.

La principal novedad ocurrió en febrero, casi en el aniversario del incendio, cuando se difundió el resultado de las pericias realizadas por la Policía Federal. Señalaban que el incendio fue intencional y se originó en los sectores 7 y 8 del depósito, a pocos metros de la pared que da a la calle Martín García. “Las primeras conclusiones apuntan a que hubo varios focos con ignición de manera simultánea”, le explicó Marcelo Arizaga, vocero de esa fuerza, al Diario Z. Según el informe, en los peritajes se encontraron restos de combustibles y elementos ajenos al galpón que pudieron formar parte de los mecanismos de ignición.

Una de las principales hipótesis sobre el caso apunta a que el incendio fue una maniobra para tapar posibles delitos económicos, cuya evidencia podía estar guardada en los registros de Iron Mountain. “De 43 empresas que veníamos investigando por criminalidad económica, había 29 que tenían documentos ahí y nuestra preocupación es saber qué pruebas se pueden haber perdido en el incendio”, contó el fiscal Carlos Gonella, a cargo de de la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (Procelac), que elaboró una lista de grandes clientes que perdieron documentos en Iron Mountain: el primer puesto lo ocupa el Banco Patagonia con más de 57 mil cajas con documentación quemada, seguido por el HSBC con unas 30 mil. En la lista también figuran empresas como la cervecería Quilmes (9.408), Monsanto (8.821), JP Morgan (4.000) o el Ministerio de Desarrollo Social (3.500).

Fue justamente el banco que figura en el segundo lugar de esa lista el que en diciembre se excusó de aportar pruebas, en medio de acusaciones por evasión fiscal vinculadas al caso conocido como Swiss Leaks, aduciendo que había perdido la información correspondiente en el incendio del depósito de Barracas. “En delitos económicos, las pruebas son movimientos de cuentas bancarias, transferencias. Eso debería conservarse digitalmente pero la coartada de HSBC es que tenían esa información en Iron Mountain”, le contó Gonella a Diario Z.

La Unidad de Información Financiera (UIF) que investiga a ese banco y a otras compañías, también se presentó como querellante en una causa paralela que inició la AFIP contra Iron Mountain por lavado de dinero. El eje de la investigación tiene que ver con un préstamo aparentemente fraudulento entre sucursales de esa empresa, que también se realizó a través del HSBC. José Sbatella, titular de la UIF, llegó a decir que sospechan de “una confabulación entre Iron Mountain y los clientes para eliminar pruebas” por medio del incendio. Y subrayó que, por otra parte, no sería la primera vez que algo así ocurre en Iron Mountain.

Aunque muchos asocian los orígenes de Iron Mountain a miembros de los servicios de inteligencia estadounidenses, la historia corporativa oficial señala que todo comenzó de la mano de un osado inmigrante alemán llamado Albert Knaust y su apuesta al cultivo de champiñones en el interior de una vieja mina de acero en el estado de Nueva Jersey (la auténtica Iron Mountain o Montaña de Acero).

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y la recuperación de los productores europeos, el mercado del champiñón se estancó y Knaust buscó otros ingresos: en sus minas construyó refugios nucleares, hizo bauleras para antigüedades u obras de arte y finalmente –sobre todo a partir de aparición de la informática y la multiplicación exponencial del papeleo que supuso la impresión indiscriminada– se especializó en albergar documentos en papel, tanto de organismos públicos como privados: este millonario negocio, azuzado por ciertos cambios regulatorios que obligaban a las empresas (sobre todo a las del rubro financiero) a guardar documentación durante más tiempo, convirtió a Iron Mountain en una corporación multinacional con más de mil sedes alrededor del mundo.

En las últimas décadas, Iron Mountain también cobró fama por los siniestros. Sufrieron incendios (al menos dos de ellos intencionales) en sedes de tres países diferentes: el primero fue en marzo de 2007 en South Bronswick, Nueva Jersey, donde se quemó un inmenso depósito con 800 mil cajas ubicado a tan sólo 200 metros de otro que se había quemado (parcialmente) dos días antes. En su libro Bancos suizos, almas judías, el escritor Greg Rickman contó que el fuego consumió unas 800 mil cajas de documentos y se produjo tres semanas después de que el New York State Banking Department pidiera ver los registros de varias filiales norteamericanas de bancos suizos que se guardaban en esos archivos.

En 2006, Iron Mountain sufrió otros dos incendios casi simultáneos. Uno ocurrió en el depósito de la empresa en Ottawa, Canadá, donde los investigadores determinaron que el fuego se inició a raíz de unas obras de refacción en los techos del edificio. El otro fue en Londres y –al igual que en el de Buenos Aires– se supo que había sido intencional y que el sistema de rociadores automáticos tampoco funcionó. Aunque no hubo víctimas mortales, Iron Mountain pagó 33 millones de dólares en indemnizaciones por ese incendio. Nunca se descubrió a los responsables.

En la Argentina la empresa desembarcó en el año 2000 y para 2006 ya contaba con cuatro sedes: la primera en abrir fue la de Barracas, luego siguieron los depósitos de Villa Lugano, La Boca y Parque Patricios. En la inauguración de esta última planta, en 2006, hicieron gala de sus vínculos políticos. Según un comunicado de la empresa, participaron del acto el entonces ministro de Producción de la Ciudad, Enrique Rodríguez, y Daniel Scioli. En 2007, Iron Mountain supo acomodarse al cambio de gestión y reforzó sus vínculos con el macrismo: un par de años después logró que sus galpones en Barracas y Parque Patricios fueran alcanzados por los beneficios impositivos de los distritos tecnológicos que impulsó la nueva gestión a través del Ministerio de Desarrollo Económico, que desde fines de 2007 conducía Francisco Cabrera, un ex HSBC.

“La pauta de los intereses cruzados en todo esto es que acá nadie le reclama a Iron Mountain la información que se le quemó”, plantea Sandra Baricola, hermana de Pedro Baricola, el rescatista de Defensa Civil muerto en el incendio. La empresa también se le acercó a su familia para ofrecerles un arreglo extrajudicial. “Nos presentaron una escala, un cuadrito que tienen para estos casos, pero fue una mediación nada más. El resto de las familias aceptaron, nosotros no”, le contó a Diario Z.

La idea de la familia es presentarse como querellantes en la causa penal y a su vez denunciar al gobierno porteño. Ésta la lleva otra fiscalía y es contra los responsables de la habilitación del depósito de Iron Mountain, a los que –según el abogado Miguel Ángel Arce Aggeo– acusan de incumplimiento de deberes de funcionario público y asociación ilícita. Entre los señalados están Francisco Cabrera, ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, y el jefe de la Agencia Gubernamental de Control, Juan José Gómez Centurión. “Para el Gobierno y para Iron Mountain, mi hermano era un vuelto. Para nosotros no y vamos a seguir molestando todo lo que haga falta”, dice Baricola.

La denuncia de Baricola contra los funcionarios porteños se basa en las acusaciones que desde hace varios meses viene haciendo en la prensa Edgardo Castro, inspector de Trabajo de la Ciudad y delegado del sindicato ATE. Castro asegura que a principios de 2008 él intentó clausurar el galpón de Iron Mountain de Barracas. “Era un depósito bastante desordenado, con mugre decantada y cajas apiladas en seis niveles de estanterías”, recuerda.

En el recorrido por el depósito de la calle Azara asegura haber constatado que no contaba con ningún tipo de sectorización para evitar que se expanda el fuego en caso de incendios. También que faltaban personal y bombas de agua. Pero lo más grave era que se trataba de un edificio muy viejo y con una enorme carga de material inflamable (papel). “Se supone que la resistencia estructural para una carga de fuego debe ser de por lo menos 180 minutos, pero acá se derrumbó a los 10 o 15 minutos. Estructuralmente, eso no se podía habilitar. Si la resistencia estructural aguantaba, los bomberos no hubieran muerto, como ocurrió en los otros cinco lugares del mundo donde Iron Mountain quemó sus depósitos”, explica.

Castro asegura que durante esa inspección de principios de 2008 hizo la clausura provisoria y le solicitó luego la clausura definitiva al entonces director general de Protección del Trabajo del gobierno porteño, Ángel Rodríguez, a través de una disposición que le entregó al que era su jefe inmediato, Fernando Cohen. Sin embargo, éstos cajonearon e hicieron desaparecer (siempre según Castro) esas actas. En febrero de 2014 la fiscal Marcela Sánchez, en uno de los pocos comunicados que publicó desde la fecha del incendio, salió a desmentir a Castro con un comunicado. Tras explicar que había revisado el expediente administrativo del inspector en el que figuraban día, hora y lugar de cada inspección realizada por éste en 2008, señaló que Castro “nunca inspeccionó en 2008 el depósito de la firma Iron Mountain que resultó siniestrado” y que tiene “pleno conocimiento de la falsedad en la que incurre al dar a la población información espuria”.

Castro comenta, con ironía, que nunca vio a un fiscal defenestrar a un testigo sin antes llamarlo a declarar. “De última te llama y te abre una causa por falso testimonio”, dice. Además, sostiene que en la oficina de Protección del Trabajo porteño extraviaron deliberadamente las actas de su visita a Iron Mountain. “No sólo fui, sino que tengo un testigo y dos números de faja que si no tendrían que decir dónde están. A ver, si supuestamente yo no fui tendrían que decir quién fue, ¿o no fue nadie?”, concluye el inspector, que además sostiene que la habitación original de ese depósito de Iron Mountain –firmada según él un mes antes de que asumiera Macri– también es trucha, ya que hace referencia a un expediente de la Superintendencia de Bomberos que aparentemente no existe.

En los últimos meses, el tema Iron Mountain también tomó peso en la Legislatura porteña, con varios pedidos de informe al Gobierno de la Ciudad encabezados por Gabriel Fuks, del Frente por la Victoria, y Marcelo Ramal, del Frente de Izquierda, que solicitó la comparecencia del ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, Francisco Cabrera, para aclarar responsabilidades políticas en torno al incendio. En ese pedido, Ramal recuerda que Cabrera fue directivo del HSBC y que desde el Gobierno de la Ciudad “entregó en 2009 un premio a la firma Iron Mountain (…) con el régimen de facilidades y exenciones impositivas del Polo Tecnológico, aún cuando (la empresa) sólo maneja un depósito”.

 

DZ/ah

Fuente Redacción Z
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